El supercorrupto ex gobernador de Illinois, Rod Blagojevich, que intentó subastar el escaño dejado vacante por Barack Obama, no ha podido ser condenado por ninguno de los principales delitos de los que estaba acusado: chantaje sistemático, conspiración, fraude o intento de soborno. Y todo porque uno de los miembros del jurado, una venerable ancianita, se empeñó en considerar que las grabaciones realizadas por el FBI, y en las que Blagojevich negocia sus trapacerías son, cháchara, conversaciones de políticos entre políticos.
La vieja dama del jurado me ha recordado la actitud que un sector del electorado de este país tiene ante la clase política, y más concretamente ante determinados integrantes de ese club, implicados, acusados o encausados en turbios asuntos. El argumentario de la anciana es muy similar a la coartada del PP para mirar hacia otro lado, mientras se tapa la nariz, cuando se le echan en cara sus casos de corrupción.
Mucho me temo que las técnicas exculpatorias, -”es cosa de políticos”-, o la consabida e injusta frasecita de “todos los políticos son iguales” van a estar muy presentes en la próxima campaña electoral. El PP tiene un especial y doble interés en desacreditar a la clase política. En primer lugar, porque con ello cree poder enmascarar sus responsabilidades en casos gravísimos de corrupción que afectan tanto a individuos como a la propia estructura del partido. Nadie con dos dedos de frente puede creer que tras el enriquecimiento presuntamente ilícito del ex senador por Cantabria y ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, no haya un caso de financiación ilegal del partido conservador. La segunda razón por la que al PP le interesa que cunda la idea de que todos los políticos meten la mano en la caja es porque la desconfianza y mala imagen cala más hondo en el electorado progresista, en el votante de izquierdas, que en el derechas. Ya hemos visto como ante caso extremos, con chorizos probados, el votante conservador acude en masa a votarlos.
Frente a esa subversión de las reglas del juego democrático no valen medias tintas.
En la izquierda, y más concretamente en el PSOE, hay muchas dudas a la hora de afrontar los casos de corrupción del rival político. Y no tanto porque, como dice el refrán, el que tiene rabo de paja, etcétera, sino por el juego limpio. Tras el aterrizaje brusco en la realidad que supuso el descubrimiento de asuntos de financiación ilegal como Malesa, o de aprovechamiento en beneficio propio, Roldán y otros, los socialistas se han vuelto muy estrictos y los corruptos son expulsados casi de oficio. El asunto tiene su explicación. Cuando el PP decidió acuñar la frase de “paro, despilfarro y corrupción”, para intentar ganar las elecciones sin programa, sólo buscando que las perdiera el contrario, cosa que logró, muchos socialistas sintieron personalmente la injusticia de verse tratados colectivamente como corruptos. Fue, ciertamente, una campaña miserable, en la que el PP equiparó socialismo a corrupción y socialistas con corruptos. Quizás por ello muchos militantes del PSOE se resisten a utilizar en el debate electoral los casos de corrupción que afectan al PP y, sobre todo, a denunciar que el ‘caso Gurtel’ apunta claramente no a un choriceo privado, sino a la estructura de financiación ilegal del principal partido de la oposición.
En el PP, como en el PSOE o en cualquier otro partido, son inmensa mayoría las personas decentes que están en política por afán de servicio público. Y son, deberían, ser los primeros y más interesados en apartar las manzanas podridas del cesto. Pero todas.
El PP ha hecho dos listas a la hora de establecer las responsabilidades. Los prescindibles y los imprescindible. A los primeros se les ha dado boleta de inmediato, apartados del partido y estigmatizados. A los segundos, en unos casos sólo la presión mediática, también interna en ocasiones, ha logrado que dejen su cargo, caso del ya citado Bárcenas, pero la mayoría sigue. Sigue Francisco Camps, sigue Carlos Fabra, sigue José Joaquín Ripoll, sigue Esperanza Aguirre, sigue ... Implicados en casos tan evidentes como los que les han costado el cargo a otros militantes siguen porque aportan votos y ganan elecciones, aunque ello no suponga exoneración alguna, como en algún momento han pretendido, de los procesos judiciales que tienen en marcha.
Esta doble forma de actuar del PP, los intentos de convertir lo que es un caso de investigación judicial en una especia de persecución política desde el Gobierno al principal partido de la oposición, son sólo cortinas de humo para intentar evitar que la investigación en curso llegue hasta sus últimas consecuencias. Hace unos días el ex ministro de Hacienda y dirigente del PP, Cristóbal Montoro, decía que el PP se presentará a las próximas elecciones bajo la bandera de la lucha contra la corrupción. Es evidente que lo primero que tendrán que hacer es limpiar su casa. De los citados o, en Cantabria, librarse del juzgado Pacheco o del pluriprocesado Muguruza
Pero decir una cosa y defender con hechos lo contrario es política habitual en el PP. En el caso de Cantabria las últimas semanas han sido pródigas en manifestaciones de doble moral política. Defender lo contrario de lo que se defendió antes o exigir que se haga en un plis-plas lo que ni hicieron ni dejaron hacer cuando gobernaban todas las instituciones regionales, locales y nacionales.
El caso más flagrante y, que, quizás por ello, intenten hacer pasar desapercibido ante la opinión pública, procurando hablar de él lo menos posible y ordenando a su terminales mediáticas que lo valoren informativamente a la baja, es el de la Autovía Dos Mares. Tras la decisión del Ministerio de Medio Rural de aceptar la alegaciones a la Autovía, el PP culpó al Gobierno regional y al de España de haberse ‘cargado’ esa infraestructura y exigió por ello responsabilidades. Después, silencio.
Las razones del apagón informativo son claras. En primer lugar el proyecto de autovía para unir Cantábrico y Mediterráneo fue rescatado por los ejecutivos d España y Cantabria después de que lo metiese en un cajón el Gobierno del PP que presidía José María Aznar, debido a la presión ejercida por el PNV. El conocido como ‘pacto de las kokotxas’, suscrito entre Álvarez Cascos y Xabier Arzallus, dio al traste con el proyecto ante el silencio cómplice de todo el PP cántabro Pero hay más. Recuperado el proyecto se ponen en marcha dos maquinarias opositoras a dicha vía. Una, formada por diversos grupos ecologistas y la segunda representada por instituciones políticas, entre las que se encuentran ayuntamientos del norte de Burgos, todos del PP, y la Junta de Castilla y León, igualmente gobernada por el partido conservador. El desmentido de la Junta sobre su oposición, contradice lo que han dejado escrito en las alegaciones y que figura publicado en el BOE. No es Revilla el que acusa falsamente, sino que es la Junta castellanoleonesa la que miente públicamente. Como es habitual el periódico de la derecha prefiere creer al portavoz de la Junta castellana que al presidente de Cantabria y a los documentos que avalan su posición.
Hay otro asuntos donde la doble vara de medir del PP, dependiendo si están en el Gobierno o en la oposición, se deja sentir. En el tema de AVE, AQUI DIARIO ha demostrado con datos y documentos que quienes ahora exigen un trazado a velocidad de la luz para unir Reinosa y Santander, tenían proyectado, cuando gobernaban, una linea de las mismas características de la que la que ahora se va a construir. En cuanto al dinero y tiempo perdido en el proyecto para la reunificación de las estaciones, está claro que deja sin legitimidad alguna al PP para protestar por los retrasos actuales, si es que finalmente se producen.
El PP de Cantabria monta en cólera cada vez que se mira al pasado. Pero no es capricho sino constatación de que durante más de 20 años ha sido el partido conservador el que ha gobernando Cantabria y la ciudad de Santander. No es posible entender algunas de las cosas que ocurren sin tener presente el poder omnímodo en lo regional de que han gozado los populares, reforzado entre 1996 y 2004 por el hecho de que también el Gobierno de la nación era del mismo color político.
El PP no está acostumbrado en Cantabria ni a ser oposición ni a pactar con la oposición. Es más, cuando gobernaban el papel de ésta era reducido al mínimo, cuando no se les atacaba, con malas artes y métodos fraudulentos como la compra de diputados. Su petición para que no se les juzgue por el pasado podría aceptarse si hubieran hecho autocrítica. Pero no solo no la hacen sino que pretenden que demos por bueno que todo tiempo pasado fue mejor.
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